Glovo evita la ‘Ley Rider’ y mantiene como autónomos a ocho de cada 10 repartidores

La Ley Rider que entró en vigor hace ahora un año no ha acabado con los trabajadores autónomos en Glovo, una de las mayores empresas del sector. La vicepresidenta Díaz la acusó ayer de obstruir la ley y anunció una sanción de 79 millones de euros. Leer

Glovo evita la ‘Ley Rider’ y mantiene como autónomos a ocho de cada 10 repartidores

La Ley Rider que entró en vigor hace ahora un año no ha acabado con los trabajadores autónomos en Glovo, una de las mayores empresas del sector. La vicepresidenta Díaz la acusó ayer de obstruir la ley y anunció una sanción de 79 millones de euros. Leer

La Ley Rider no ha conseguido que Glovo, la mayor empresa de reparto a domicilio que opera en España convierta a sus repartidores en miembros de la plantilla. Ocho de cada diez de una flota de alrededor de 10.000 trabajadores siguen siendo autónomos, contra lo que la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz persigue con su norma.

El texto destinado a acabar con los falsos autónomos y destapar la capacidad de los algoritmos para organizar el trabajo entró en vigor el año pasado para poner en orden las relaciones laborales de las empresas de reparto a domicilioy los repartidores. Tenía en el punto de mira desde un principio a un sector, y, por dominio de este mercado, también apuntaba a su mayor empresa, Glovo.

Para saber más

Trabajo.
Redacción:
EL MUNDO
MadridRedacción:
CÉSAR URRUTIA
MADRID

Yolanda Díaz multa con 79 millones a Glovo: «El peso de la ley va a caer sobre esta empresa»

Como el resto de las empresas de este negocio, Glovo se opuso con uñas y dientes a la aprobación de la nueva norma. Integrar más de 10.000 repartidores en su estructura le haría perder rentabilidad y atractivo frente a potenciales inversores. 13 meses después de la entrada en vigor de la Ley Rider rivales de Glovo como Deliveroo abandonaron España mientras que otros como Uber Eats optaron por distintas fórmulas para repartir con riders contratados, no trabajadores autónomos.

Yolanda Díaz acusa a Glovo de obstruir la Inspección de Trabajo/Vídeo: El Mundo

Lo sorprendente es que Glovo no se ha plegado a la nueva ley, o por lo menos a lo que la vicepresidenta pretendía con su nueva ley. Básicamente, la empresa ha dividido a sus repartidores en dos grupos que se diferencian en función de los clientes. El reparto de productos de supermercado lo realiza un grupo en el que la empresa asume que está dirigiendo su actividad y que, por lo tanto, sí es asalariado. Mientras, el segundo, que trabaja con la hostelería básicamente y forma el grueso del negocio, está compuesto por repartidores autónomos.

Así las cosas, no es extraño que Yolanda Díaz contemple a Glovo como uno de los mayores obstáculos al éxito de su Ley Rider. Ayer, señaló a la empresa por «incumplir la ley y obstruir» la labor de la Inspección de Trabajo a la hora de establecer si su modelo laboral se ajusta a la legalidad. Es decir, agravó las acusaciones contra la compañía.

Por el momento, Glovo cuenta ya con un acta millonaria por sus actividades previas a la entrada en vigor de la ley. «Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección», advirtió la vicepresidenta.

Glovo reconoció que los 79 millones de euros a los que asciende la sanción se refieren a la liquidación de cotizaciones de más de 10.000 trabajadores más la propuesta de sanción. También que el periodo investigado abarca desde 2018 a la entrada en vigor de la Ley Rider. Contra lo que señala la vicepresidenta, la infracción se produjo en el marco legal anterior al actual, según la empresa.

Glovo, adquirido hace unos meses por el grupo alemán Delivery Hero en un acuerdo con un buen número de salvedades, se enfrenta ahora a un procedimiento judicial en el que, tras sus alegaciones, se deberá confirmar esta sanción por la autoridad laboral. La sanción corresponde a la liquidación de las cotizaciones de los repartidores de la empresa a la Seguridad Social durante cuatro años más otra multa por infringir la ley. Además, al regularizar las cotizaciones, asumirá a estos 10.600 trabajadores en plantilla con derechos como antigüedad.

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