Zelenski acusa a Amnistía Internacional de excusar al «Estado terrorista» de Rusia tras acusar a Ucrania de «violar las leyes de la guerra»

En un informe publicado el jueves tras una investigación de 4 meses, AI afirmó que el ejército ucraniano puso en peligro a los civiles Leer

Zelenski acusa a Amnistía Internacional de excusar al «Estado terrorista» de Rusia tras acusar a Ucrania de «violar las leyes de la guerra»

En un informe publicado el jueves tras una investigación de 4 meses, AI afirmó que el ejército ucraniano puso en peligro a los civiles Leer

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a Amnistía Internacional (AI) de excusar al «Estado terrorista» de Rusia, después de que AI culpara a Kiev de poner en peligro a los civiles y le culpara de «violar las leyes de la guerra».

AI «transfiere la responsabilidad del agresor a la víctima», agregó Zelenski. Unas horas antes, el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmó que estaba «indignado» por las acusaciones «injustas» de la organización.

En un informe publicado el jueves tras una investigación de 4 meses, AI afirmó que el ejército ucraniano puso en peligro a los civiles al establecer bases militares en escuelas y hospitales y lanzar ataques desde zonas pobladas para frenar la invasión rusa.

Según Amnistía Internacional, estas prácticas violan el derecho humanitario internacional.

«La agresión contra nuestro Estado es injustificada, invasiva y terrorista. Si alguien escribe un informe en el que se equipara de algún modo a la víctima y al agresor, si se analizan algunos datos de la víctima y se ignoran las acciones del agresor, esto no se puede tolerar«, añadió Zelenski en su alocución diaria en vídeo.

Kuleba acusó a AI de establecer una «falsa equivalencia» entre las acciones de las fuerzas invasoras rusas y las tropas ucranianas que defienden al país.

En su informe, AI subraya que las tácticas ucranianas «no justifican en absoluto los ataques indiscriminados rusos» contra la población civil.

La secretaria general de AI, Agnès Callamard, explicó que la organización ha documentado «un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en peligro y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas» y subrayó que «estar en una posición defensiva no exime a las fuerzas armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario».

Entre los meses de abril y julio, un equipo de Amnistía pasó varias semanas investigando los ataques rusos perpetrados en las regiones de Jarkov, el Donbás y Mykolaiv, un trabajo que incluyó entrevistas a supervivientes, testigos y familiares de las víctimas, así como labores de detección a distancia y análisis de armas.

Las pesquisas permitieron determinar que las fuerzas ucranianas atacaban desde el interior de zonas residenciales habitadas y que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas anteriormente.

La mayoría de estas zonas residenciales distaban a varios kilómetros del frente, a pesar de que «existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales».

A su vez, AI reconoció «no tener conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos; es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil».

Los testimonios recogidos por la organización transmitieron que el ejército ucraniano «estaba operando cerca de sus casas en torno al momento de los ataques, exponiendo las zonas a disparos de represalias de las fuerzas rusas», unas prácticas que fueron corroboradas por sus equipos sobre el terreno.

Por su parte, el equipo de investigación de Amnistía comprobó que las fuerzas ucranianas usaban hospitales como bases militares en cinco lugares, y en escuelas de ciudades y pueblos de la zona del Donbás y de Mykolaiv.

En el caso de las escuelas, arguyó que, a pesar de que el derecho internacional humanitario «no prohíbe expresamente» a las partes en conflicto establecer bases en ellas durante los periodos vacacionales, las fuerzas armadas «tienen la obligación de evitar usar» los establecimientos cercanos a casas o edificios habitados por civiles, «salvo que haya una necesidad militar imperiosa».

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